El coronel en su laberinto

Ante la condena a 30 años de prisión al Coronel Plazas Vega, el presidente de la Republica, la cúpula militar y los militares en retiro, el diario El Colombiano, y Juan Manuel Santos, que es el futuro presidente de Colombia, se han manifestado en contra de esta decisión diciendo que se ha creado un ambiente de asimetría e “inseguridad jurídica” para los militares, pues los guerrilleros que ordenaron la toma del Palacio de Justicia están libres mientras que quienes llevaron a cabo la retoma del Palacio para defender la constitución y la democracia son sentenciados a 30 años de prisión.

La verdad, resulta paradójico que a los paramilitares y guerrilleros que se acogen a la Ley de justicia y paz, aun habiendo perpetrado masacres, desapariciones y torturas, solo se les pueda imponer una pena máxima de 8 años de cárcel. No obstante, parece que al Presidente, a El Colombiano, a Juan Manuel y a los militares nadie les ha dicho, o no han querido escuchar, que la condena a Plazas Vega no se debe a la retoma del Palacio de Justicia sino a la desaparición de las personas que salieron vivas de allí y que estaban bajo su responsabilidad.

Ellos han reclamado la necesidad de fortalecer el fuero militar arguyendo que los militares no pueden ser juzgados por civiles puesto que estos no conocen los protocolos y las dinámicas propias de los asuntos militares y de la guerra. Realmente, ello es tan cierto como la inoperancia de la Justicia Penal militar para resolver casos de violaciones a derechos humanos cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Militares, pues ¿cuáles son los responsables que la Justicia Penal Militar ha encontrado por las desapariciones del Palacio de Justicia, las masacres de Mapiripán y San José de Apartadó, y el bombardeo en Santo Domingo (Arauca), entre otros casos? Ninguno. Con estos antecedentes sería absurdo, y nadie querría, que los casos de violaciones de derechos humanos se trasladaran nuevamente a la Justicia Penal Militar.

Por esa razón el costo de la ineficiencia histórica de la Justicia Penal Militar es que ahora, por decisión de la corte constitucional, los militares estén siendo juzgados por tribunales civiles en los casos de violación de derechos humanos. No obstante, hay que recordar que en lo concerniente a los delitos cometidos en actos de servicios por parte de miembros de las Fuerzas Militares, ahí sí, los jueces militares tienen la última palabra. En medio de este laberinto formado por la asimetría y el desorden jurídico, y la negligencia de la justicia penal militar se encuentra el Coronel Plazas, y hasta momento parece no haber ninguna salida.

No obstante, si puede haber alguna. Si el Congreso de la República elegido por los colombianos el pasado 14 de marzo; que en un 80% está compuesto por los partidos políticos del presidente Uribe, de Juan Manuel Santos y los apoyados por El Colombiano; llegaran a elaborar una Ley que cambie la dinámica penal para los militares, es posible que por el principio de favorabilidad ésta terminara favoreciendo al Coronel con una rebaja de pena u otro tipo de prebendas. Así, algo que no es descabellado, como el apoyo de estos partidos al fortalecimiento del fuero militar, constituiría un hecho muy descabellado: que los mismos colombianos que eligieron los partidos y defienden la democracia y la justicia, y deploran la impunidad terminen sacando al Coronel Plazas de su laberinto.