Todo problema tiene mínimamente dos caras que deben ser atendidas para resolverlo. Una corresponde a las fuentes del problema y la otra a las expresiones del mismo. Pareciera ser que la creciente violencia urbana en Colombia está siendo atendida solamente por la vía de sus expresiones. Pues en los medios de comunicación solo se observan operativos militares y de policía tendientes a neutralizar bandas y combos para reducir el microtráfico de drogas y el cobro de extorsiones a transportadores, viviendas y a las personas que transitan entre los barrios.
Cuando solo se atiende una cara del problema las caras restantes se encargan de perpetuarlo y eso es lo que ha pasado no solo en Medellín sino también en las principales ciudades del País. Pues la cara desatendida de la violencia urbana corresponde a aquella en la que se encuentran la limitada perspectiva de futuro de los jóvenes, la descomposición familiar, la baja calidad en la educación, el limitado acceso a los servicios sociales, la informalidad del empleo y las escasas posibilidades de conseguir alguno, el hacinamiento en los barrios y la carencia de espacio público para el desarrollo humano.
Para atender las dos caras y resolver este problema, si alguna humilde recomendación cabe para el Estado, creo que sería bueno seguir tres líneas de acción basadas en el territorio:
La primera es el dominio del territorio. El enfrentamiento de la violencia urbana organizada supone para el Estado una especie de guerra asimétrica urbana debido a la falta de un enemigo formal, visible y de combate regular. Este tipo de conflictos rara vez se resuelven por confrontación directa y por eso las fuerzas ilegales se neutralizan más bien a través de los servicios de inteligencia del Estado. En ese sentido la inestabilidad que genera una intervención de la fuerza pública (al estilo de la operación Orión) más que controlar la delincuencia debe abrir una oportunidad para la infiltración y la penetración de unidades de inteligencia del Estado en los barrios que permitan canalizar mejor la acción de la fuerza pública en la confrontación directa.
La segunda es la transformación del territorio. Entre las condiciones que posibilitan que una banda adquiera control territorial está una geografía e infraestructura que limita el acceso y la movilidad de la población. El rediseño urbanístico de los barrios permite su conexión e integración con la ciudad, mejora la movilidad, amplia sus vías de acceso y con ello se limita su controlabilidad. También consiste en la creación de entornos y espacios que determinen nuevas formas de interacción entre sus habitantes y constituyan escenarios de dignidad y calidad de vida.
Y en tercer lugar está el desarrollo del territorio. Consiste en potenciar la capacidad de los barrios de ofrecer a pequeña escala los servicios sociales y la infraestructura económica que concentra la ciudad. Supone por tanto localizar los servicios de salud y educación, promocionar centros para el emprendimiento empresarial y los mercados e industrias a nivel locales. Es hacer de los barrios nichos de desarrollo humano.
En últimas, la intención es evitar que estos jóvenes canalicen la población y más bien sea el Estado el que canalice a estos jóvenes.
miércoles, 6 de octubre de 2010
domingo, 29 de agosto de 2010
Sobre los 'combos' y la historia de la exclusión en Medellín
Después de los años 50 la guerra civil bipartidista en Colombia se había recrudecido en las zonas rurales. Por esos años el país también se encontraba en el amanecer de una transición económica que trajo consigo la creación de grandes empresas en los centros urbanos y el asentamiento de una gran población campesina, que ante las amenazas de la violencia rural, encontró en las promesas de las ciudades la mejor alternativa de progreso.
Medellín fue una de ellas. Por esa razón, entre los años 50 y 60 llegó a la ciudad una ola migratoria procedente de los pueblos cercanos en busca de trabajo y empleo. Esta población se asentó en los terrenos que hoy conocemos como los barrios Aranjuez, Manrique y Berlín; y continuó en los años siguientes cuando las nuevas poblaciones se asentaron en terrenos más altos que dieron lugar a barrios como el Playón, Pablo VI, Popular, Andalucía y Santo Domingo Savio, entre otros.
Bajo este modelo de urbanización, no solo creció la zona nororiental de la ciudad sino también gran parte de la noroccidental y los barrios periféricos. Fue tan acelerado ese crecimiento que para los años 80 ya se empezaba a observar un “excedente” poblacional debido a que la ciudad no podía ofrecer empleo y educación a muchos de los hijos y nietos de aquella primera generación campesina que con muchas esperanzas había arribado a Medellín.
Ese “excedente” se tradujo en la difícil situación socioeconómica que ha caracterizado a los barrios pobres de la ciudad y a su vez limitó la perspectiva de futuro de muchos de estos hijos y nietos. Cabe recordar que estos jóvenes con escasa perspectiva de futuro fueron el sustrato de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en los 80, de las Milicias Bolivarianas de las FARC y a las Autodefensas en los 90; y de Don Berna, Valenciano y Sebastián en esta primera década del siglo XXI.
No importa cuál sea la fuerza ilegal de turno, se trata de la misma arcilla que encuentra un molde diferente en cada época. Y es la misma porque en Colombia tampoco se detuvieron las migraciones, pues el conflicto en el campo solamente cambio su rostro. Lo que en los 60 se conocía como violencia rural derivó en una guerra contra las guerrillas comunistas en los 70 que luego se abriría un nuevo frente con el surgimiento del paramilitarismo en los años 80. Ya en los 90 podíamos afirmar que Colombia realmente estaba en guerra y después del 2001 nos enteramos que se trataba de una guerra contra el terrorismo. El campo nunca estuvo en paz.
Aun no tengo claro si la violencia rural de los 60 era lo mismo que hoy conocemos como terrorismo o si el término ‘migración’ es más un eufemismo bajo el cual se esconde el desplazamiento forzado en Colombia. El hecho es que si hoy como en los 80 vemos ‘combos’ es porque pasivamente hemos creído que es aceptable que pueda sobrar gente en Medellín. Si Medellín no quiere que haya ‘combos’ no puede volverse a permitirse esa idea jamás.
Medellín fue una de ellas. Por esa razón, entre los años 50 y 60 llegó a la ciudad una ola migratoria procedente de los pueblos cercanos en busca de trabajo y empleo. Esta población se asentó en los terrenos que hoy conocemos como los barrios Aranjuez, Manrique y Berlín; y continuó en los años siguientes cuando las nuevas poblaciones se asentaron en terrenos más altos que dieron lugar a barrios como el Playón, Pablo VI, Popular, Andalucía y Santo Domingo Savio, entre otros.
Bajo este modelo de urbanización, no solo creció la zona nororiental de la ciudad sino también gran parte de la noroccidental y los barrios periféricos. Fue tan acelerado ese crecimiento que para los años 80 ya se empezaba a observar un “excedente” poblacional debido a que la ciudad no podía ofrecer empleo y educación a muchos de los hijos y nietos de aquella primera generación campesina que con muchas esperanzas había arribado a Medellín.
Ese “excedente” se tradujo en la difícil situación socioeconómica que ha caracterizado a los barrios pobres de la ciudad y a su vez limitó la perspectiva de futuro de muchos de estos hijos y nietos. Cabe recordar que estos jóvenes con escasa perspectiva de futuro fueron el sustrato de Pablo Escobar y el Cartel de Medellín en los 80, de las Milicias Bolivarianas de las FARC y a las Autodefensas en los 90; y de Don Berna, Valenciano y Sebastián en esta primera década del siglo XXI.
No importa cuál sea la fuerza ilegal de turno, se trata de la misma arcilla que encuentra un molde diferente en cada época. Y es la misma porque en Colombia tampoco se detuvieron las migraciones, pues el conflicto en el campo solamente cambio su rostro. Lo que en los 60 se conocía como violencia rural derivó en una guerra contra las guerrillas comunistas en los 70 que luego se abriría un nuevo frente con el surgimiento del paramilitarismo en los años 80. Ya en los 90 podíamos afirmar que Colombia realmente estaba en guerra y después del 2001 nos enteramos que se trataba de una guerra contra el terrorismo. El campo nunca estuvo en paz.
Aun no tengo claro si la violencia rural de los 60 era lo mismo que hoy conocemos como terrorismo o si el término ‘migración’ es más un eufemismo bajo el cual se esconde el desplazamiento forzado en Colombia. El hecho es que si hoy como en los 80 vemos ‘combos’ es porque pasivamente hemos creído que es aceptable que pueda sobrar gente en Medellín. Si Medellín no quiere que haya ‘combos’ no puede volverse a permitirse esa idea jamás.
martes, 17 de agosto de 2010
El restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela: La apuesta de confiar en un loco
Si alguien buscara palabras para describir al presidente Hugo Chávez probablemente encontraría palabras o descriptores como ‘disparatado’, ‘imprudente’, ‘de poco juicio’, o ‘que ha perdido la razón’. Curiosamente según el diccionario de la Real Académica de la lengua española estas palabras son las que definen a un loco. Por esa razón, no sería descabellado afirmar que el presidente Chávez es loco.
Como buen loco, este presidente ha dejado entrever públicamente sus contradicciones a lo largo de sus años de gobierno. Por ejemplo, un día después de haber ganado las elecciones en 1998 dijo que no nacionalizaría ninguna empresa y para el 2009 ya había nacionalizado Cargill, Cemex y la filial venezolana del Banco Santander, entre otras empresas. De igual modo, en una entrevista a Jaime Bayly en 1998 dijo que no era socialista, pero en julio del 2007 dijo: “soy socialista…pero no marxista”; y dos años después, el 15 de enero de 2010, remata diciendo “soy marxista… por primera vez asumo el marxismo”.
Otra contradicción que sobresale está relacionada con el gasto militar. En 1999 decía que dada la situación social de Venezuela el gasto militar no se podía incrementar, pero 10 años después Venezuela ha comprado cerca de 5 mil millones de dólares en armamento. No obstante, de todas las contradicciones la que tal vez ha afectado más las relaciones bilaterales es la relacionada con su postura frente a las FARC y el ELN.
En el 2004 decía que el gobierno venezolano no apoya a ningún grupo subversivo colombiano y que si alguno de estos llegase a hacer presencia en su territorio sería considerado enemigo de Venezuela. Cuatro años más tarde Chávez pidió reconocimiento de estatus de beligerancia para las FARC y el ELN. De hecho, paradójicamente mientras liberaban a Clara Rojas y otros secuestrados que fueron entregados a Ramón Rodríguez Chacín, su Ministro del Interior, éste le decía a los guerrilleros que “en nombre del presidente Chávez, estamos pendientes de su lucha, mantengan ese espíritu…y cuenten con nosotros”.
Con ese antecedente ¿Quién podría confiar en el presidente Chávez y en la vigencia que tendrá el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela? Cambiar de postura frente a ciertos temas es aceptable cuando las circunstancias cambian, pero en este caso el Coronel ha mostrado cambiar de posición con asuntos nada coyunturales como el terrorismo en Colombia y el modelo de desarrollo venezolano, pues particularmente en nuestro caso, el modo de operación de las FARC a través del secuestro, las tomas a poblaciones civiles y las masacres no ha cambiado. Solamente se han reducido en número debido al accionar del Estado, y no por iniciativa de los subversivos.
Parece ser que la demanda ante la Corte Penal Internacional y las próximas elecciones legislativas han llevado al comandante a adoptar una postura conciliadora y afín a los intereses colombianos para restablecer las relaciones con Colombia. Sin embargo, queda la incertidumbre de no saber hasta cuándo tendrá vigencia el restablecimiento de relaciones bilaterales, pues todo esto no deja de ser una apuesta de confiar en la palabra de un loco.
Como buen loco, este presidente ha dejado entrever públicamente sus contradicciones a lo largo de sus años de gobierno. Por ejemplo, un día después de haber ganado las elecciones en 1998 dijo que no nacionalizaría ninguna empresa y para el 2009 ya había nacionalizado Cargill, Cemex y la filial venezolana del Banco Santander, entre otras empresas. De igual modo, en una entrevista a Jaime Bayly en 1998 dijo que no era socialista, pero en julio del 2007 dijo: “soy socialista…pero no marxista”; y dos años después, el 15 de enero de 2010, remata diciendo “soy marxista… por primera vez asumo el marxismo”.
Otra contradicción que sobresale está relacionada con el gasto militar. En 1999 decía que dada la situación social de Venezuela el gasto militar no se podía incrementar, pero 10 años después Venezuela ha comprado cerca de 5 mil millones de dólares en armamento. No obstante, de todas las contradicciones la que tal vez ha afectado más las relaciones bilaterales es la relacionada con su postura frente a las FARC y el ELN.
En el 2004 decía que el gobierno venezolano no apoya a ningún grupo subversivo colombiano y que si alguno de estos llegase a hacer presencia en su territorio sería considerado enemigo de Venezuela. Cuatro años más tarde Chávez pidió reconocimiento de estatus de beligerancia para las FARC y el ELN. De hecho, paradójicamente mientras liberaban a Clara Rojas y otros secuestrados que fueron entregados a Ramón Rodríguez Chacín, su Ministro del Interior, éste le decía a los guerrilleros que “en nombre del presidente Chávez, estamos pendientes de su lucha, mantengan ese espíritu…y cuenten con nosotros”.
Con ese antecedente ¿Quién podría confiar en el presidente Chávez y en la vigencia que tendrá el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela? Cambiar de postura frente a ciertos temas es aceptable cuando las circunstancias cambian, pero en este caso el Coronel ha mostrado cambiar de posición con asuntos nada coyunturales como el terrorismo en Colombia y el modelo de desarrollo venezolano, pues particularmente en nuestro caso, el modo de operación de las FARC a través del secuestro, las tomas a poblaciones civiles y las masacres no ha cambiado. Solamente se han reducido en número debido al accionar del Estado, y no por iniciativa de los subversivos.
Parece ser que la demanda ante la Corte Penal Internacional y las próximas elecciones legislativas han llevado al comandante a adoptar una postura conciliadora y afín a los intereses colombianos para restablecer las relaciones con Colombia. Sin embargo, queda la incertidumbre de no saber hasta cuándo tendrá vigencia el restablecimiento de relaciones bilaterales, pues todo esto no deja de ser una apuesta de confiar en la palabra de un loco.
martes, 20 de julio de 2010
Colombia, ‘un país desarrollado’, y retos para los sostenibles. Una carta a propósito del bicentenario
El rumbo que en los últimos meses ha venido tomando la economía colombiana supone varios retos y cuestiones alrededor de la sostenibilidad de su modelo de desarrollo. Particularmente ese rumbo sugiere que en los próximos años Colombia se convertirá en una de las “economías emergentes” y jugará un rol importante en la economía mundial al estilo de países como Brasil, India o China. Si bien es poco creíble pensar que Colombia pueda incursionar en la geopolítica mundial como lo están haciendo estos países, si existen varias razones que llevan a pensar que Colombia puede convertirse en una potencia regional, y ello lógicamente supone preguntas de fondo sobre la sostenibilidad del rumbo que el país está adoptando.
Entre las razones para hacer esta afirmación se pueden mencionar, primero, que Colombia hace parte de un conjunto de países que tienen un alto potencial económico debido a su estabilidad política y a la diversidad de sus mercados. Este conjunto de países se ha denominado como el grupo de los CIVETS -Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Sudáfrica-, llamados así por los inversionistas internacionales quienes piensan que en el futuro estos países aumentarán su contribución al crecimiento de la economía mundial. La segunda razón es que Colombia es el cuarto país latinoamericano que recibe más inversión extranjera – y ésta tiende a aumentar-. La tercera razón es que en los últimos años Colombia tuvo un aumento sin precedentes de las concesiones para la explotación de recursos mineros y, por esa razón, una de las principales apuestas del Gobierno de Juan Manuel Santos es reducir el déficit fiscal y aumentar el PIB a un 6% por medio de un aumento significativo de las explotaciones de estos recursos. La cuarta razón es que Colombia, un año después de la crisis financiera global, tuvo un sorprendente crecimiento económico del 4,4% en el primer trimestre del 2010 que contrasta con el 0,4% del mismo periodo del año anterior. La quinta razón es que Colombia espera tener en los próximos años un desarrollo de la infraestructura vial nunca antes visto, pues luego del retraso observado en el Gobierno de Álvaro Uribe se verá una avalancha de obras a raíz de las vigencias futuras que el mismo Gobierno comprometió en obras que ya se empiezan a ejecutar o que están a punto de iniciar, como en el caso de la autopista o ruta del sol y la unión de la carretera panamericana - que significaría el destape del Darién-.
Esta bonanza económica que se avizora, tradicionalmente concebida como desarrollo, no será gratis. La explotación minera es insostenible por naturaleza, implica la pérdida de nacimientos de agua, la contaminación de recursos hídricos, la destrucción del paisaje, la migración de las poblaciones que habitan tales territorios con la consecuente desestructuración del tejido social, y la emergencia de enfermedades transmisibles por vectores, entre otras consecuencias difíciles de predecir. Por su parte, la apertura del tapón del Darién y la infraestructura son temas que ameritan otra columna.
En todo caso, para un país como Colombia que tiene un nivel de pobreza cercano al 50%, la bonanza económica que se ve venir a través de la inversión extranjera y el desarrollo de la minería y la infraestructura vial parecen constituir un propósito indiscutible e innegociable, pues bajo dicho contexto de pobreza cualquier persona que se oponga a la búsqueda de esta oportunidad económica podría ser vista como loca, absurda o mamerta.
En este escenario los argumentos de la sostenibilidad difícilmente pueden prosperar y ello hace más difícil el trabajo en Colombia para quienes estamos formados en este ámbito. Aunque desde nuestra óptica si cabe decir que los beneficios sociales de esta apuesta económica no son muy claros puesto que la inversión extranjera y la minería no son actividades intensivas en el uso de mano de obra y poco contribuirá a la reducción del desempleo, que es el principal argumento que legitima la adopción de estas rutas. De igual modo se puede afirmar que ecológicamente ninguna de estas actividades trae algún beneficio.
Este panorama nos plantea a mi modo de ver cuatro grandes retos, el primero es mejorar nuestro conocimiento problemas en los que trabajamos; el segundo es aumentar nuestra claridad en la lectura e interpretación de dichos problemas desde ópticas sostenibles, el tercero es mejorar nuestra capacidad comunicativa para establecer diálogos de persuasión y disuasión con nuestros interlocutores; y la cuarta es tener capacidad ejecutiva y coherencia para actuar y proponer soluciones a través del desarrollo de proyectos. He ahí pues nuestros retos ante una Colombia que en medio de la celebración de sus doscientos años de independencia busca la senda del desarrollo y en la que el entorno laboral no necesariamente brinda la libertad para cumplir con ellos.
Entre las razones para hacer esta afirmación se pueden mencionar, primero, que Colombia hace parte de un conjunto de países que tienen un alto potencial económico debido a su estabilidad política y a la diversidad de sus mercados. Este conjunto de países se ha denominado como el grupo de los CIVETS -Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Sudáfrica-, llamados así por los inversionistas internacionales quienes piensan que en el futuro estos países aumentarán su contribución al crecimiento de la economía mundial. La segunda razón es que Colombia es el cuarto país latinoamericano que recibe más inversión extranjera – y ésta tiende a aumentar-. La tercera razón es que en los últimos años Colombia tuvo un aumento sin precedentes de las concesiones para la explotación de recursos mineros y, por esa razón, una de las principales apuestas del Gobierno de Juan Manuel Santos es reducir el déficit fiscal y aumentar el PIB a un 6% por medio de un aumento significativo de las explotaciones de estos recursos. La cuarta razón es que Colombia, un año después de la crisis financiera global, tuvo un sorprendente crecimiento económico del 4,4% en el primer trimestre del 2010 que contrasta con el 0,4% del mismo periodo del año anterior. La quinta razón es que Colombia espera tener en los próximos años un desarrollo de la infraestructura vial nunca antes visto, pues luego del retraso observado en el Gobierno de Álvaro Uribe se verá una avalancha de obras a raíz de las vigencias futuras que el mismo Gobierno comprometió en obras que ya se empiezan a ejecutar o que están a punto de iniciar, como en el caso de la autopista o ruta del sol y la unión de la carretera panamericana - que significaría el destape del Darién-.
Esta bonanza económica que se avizora, tradicionalmente concebida como desarrollo, no será gratis. La explotación minera es insostenible por naturaleza, implica la pérdida de nacimientos de agua, la contaminación de recursos hídricos, la destrucción del paisaje, la migración de las poblaciones que habitan tales territorios con la consecuente desestructuración del tejido social, y la emergencia de enfermedades transmisibles por vectores, entre otras consecuencias difíciles de predecir. Por su parte, la apertura del tapón del Darién y la infraestructura son temas que ameritan otra columna.
En todo caso, para un país como Colombia que tiene un nivel de pobreza cercano al 50%, la bonanza económica que se ve venir a través de la inversión extranjera y el desarrollo de la minería y la infraestructura vial parecen constituir un propósito indiscutible e innegociable, pues bajo dicho contexto de pobreza cualquier persona que se oponga a la búsqueda de esta oportunidad económica podría ser vista como loca, absurda o mamerta.
En este escenario los argumentos de la sostenibilidad difícilmente pueden prosperar y ello hace más difícil el trabajo en Colombia para quienes estamos formados en este ámbito. Aunque desde nuestra óptica si cabe decir que los beneficios sociales de esta apuesta económica no son muy claros puesto que la inversión extranjera y la minería no son actividades intensivas en el uso de mano de obra y poco contribuirá a la reducción del desempleo, que es el principal argumento que legitima la adopción de estas rutas. De igual modo se puede afirmar que ecológicamente ninguna de estas actividades trae algún beneficio.
Este panorama nos plantea a mi modo de ver cuatro grandes retos, el primero es mejorar nuestro conocimiento problemas en los que trabajamos; el segundo es aumentar nuestra claridad en la lectura e interpretación de dichos problemas desde ópticas sostenibles, el tercero es mejorar nuestra capacidad comunicativa para establecer diálogos de persuasión y disuasión con nuestros interlocutores; y la cuarta es tener capacidad ejecutiva y coherencia para actuar y proponer soluciones a través del desarrollo de proyectos. He ahí pues nuestros retos ante una Colombia que en medio de la celebración de sus doscientos años de independencia busca la senda del desarrollo y en la que el entorno laboral no necesariamente brinda la libertad para cumplir con ellos.
domingo, 13 de junio de 2010
El coronel en su laberinto
Ante la condena a 30 años de prisión al Coronel Plazas Vega, el presidente de la Republica, la cúpula militar y los militares en retiro, el diario El Colombiano, y Juan Manuel Santos, que es el futuro presidente de Colombia, se han manifestado en contra de esta decisión diciendo que se ha creado un ambiente de asimetría e “inseguridad jurídica” para los militares, pues los guerrilleros que ordenaron la toma del Palacio de Justicia están libres mientras que quienes llevaron a cabo la retoma del Palacio para defender la constitución y la democracia son sentenciados a 30 años de prisión.
La verdad, resulta paradójico que a los paramilitares y guerrilleros que se acogen a la Ley de justicia y paz, aun habiendo perpetrado masacres, desapariciones y torturas, solo se les pueda imponer una pena máxima de 8 años de cárcel. No obstante, parece que al Presidente, a El Colombiano, a Juan Manuel y a los militares nadie les ha dicho, o no han querido escuchar, que la condena a Plazas Vega no se debe a la retoma del Palacio de Justicia sino a la desaparición de las personas que salieron vivas de allí y que estaban bajo su responsabilidad.
Ellos han reclamado la necesidad de fortalecer el fuero militar arguyendo que los militares no pueden ser juzgados por civiles puesto que estos no conocen los protocolos y las dinámicas propias de los asuntos militares y de la guerra. Realmente, ello es tan cierto como la inoperancia de la Justicia Penal militar para resolver casos de violaciones a derechos humanos cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Militares, pues ¿cuáles son los responsables que la Justicia Penal Militar ha encontrado por las desapariciones del Palacio de Justicia, las masacres de Mapiripán y San José de Apartadó, y el bombardeo en Santo Domingo (Arauca), entre otros casos? Ninguno. Con estos antecedentes sería absurdo, y nadie querría, que los casos de violaciones de derechos humanos se trasladaran nuevamente a la Justicia Penal Militar.
Por esa razón el costo de la ineficiencia histórica de la Justicia Penal Militar es que ahora, por decisión de la corte constitucional, los militares estén siendo juzgados por tribunales civiles en los casos de violación de derechos humanos. No obstante, hay que recordar que en lo concerniente a los delitos cometidos en actos de servicios por parte de miembros de las Fuerzas Militares, ahí sí, los jueces militares tienen la última palabra. En medio de este laberinto formado por la asimetría y el desorden jurídico, y la negligencia de la justicia penal militar se encuentra el Coronel Plazas, y hasta momento parece no haber ninguna salida.
No obstante, si puede haber alguna. Si el Congreso de la República elegido por los colombianos el pasado 14 de marzo; que en un 80% está compuesto por los partidos políticos del presidente Uribe, de Juan Manuel Santos y los apoyados por El Colombiano; llegaran a elaborar una Ley que cambie la dinámica penal para los militares, es posible que por el principio de favorabilidad ésta terminara favoreciendo al Coronel con una rebaja de pena u otro tipo de prebendas. Así, algo que no es descabellado, como el apoyo de estos partidos al fortalecimiento del fuero militar, constituiría un hecho muy descabellado: que los mismos colombianos que eligieron los partidos y defienden la democracia y la justicia, y deploran la impunidad terminen sacando al Coronel Plazas de su laberinto.
La verdad, resulta paradójico que a los paramilitares y guerrilleros que se acogen a la Ley de justicia y paz, aun habiendo perpetrado masacres, desapariciones y torturas, solo se les pueda imponer una pena máxima de 8 años de cárcel. No obstante, parece que al Presidente, a El Colombiano, a Juan Manuel y a los militares nadie les ha dicho, o no han querido escuchar, que la condena a Plazas Vega no se debe a la retoma del Palacio de Justicia sino a la desaparición de las personas que salieron vivas de allí y que estaban bajo su responsabilidad.
Ellos han reclamado la necesidad de fortalecer el fuero militar arguyendo que los militares no pueden ser juzgados por civiles puesto que estos no conocen los protocolos y las dinámicas propias de los asuntos militares y de la guerra. Realmente, ello es tan cierto como la inoperancia de la Justicia Penal militar para resolver casos de violaciones a derechos humanos cometidos por algunos miembros de las Fuerzas Militares, pues ¿cuáles son los responsables que la Justicia Penal Militar ha encontrado por las desapariciones del Palacio de Justicia, las masacres de Mapiripán y San José de Apartadó, y el bombardeo en Santo Domingo (Arauca), entre otros casos? Ninguno. Con estos antecedentes sería absurdo, y nadie querría, que los casos de violaciones de derechos humanos se trasladaran nuevamente a la Justicia Penal Militar.
Por esa razón el costo de la ineficiencia histórica de la Justicia Penal Militar es que ahora, por decisión de la corte constitucional, los militares estén siendo juzgados por tribunales civiles en los casos de violación de derechos humanos. No obstante, hay que recordar que en lo concerniente a los delitos cometidos en actos de servicios por parte de miembros de las Fuerzas Militares, ahí sí, los jueces militares tienen la última palabra. En medio de este laberinto formado por la asimetría y el desorden jurídico, y la negligencia de la justicia penal militar se encuentra el Coronel Plazas, y hasta momento parece no haber ninguna salida.
No obstante, si puede haber alguna. Si el Congreso de la República elegido por los colombianos el pasado 14 de marzo; que en un 80% está compuesto por los partidos políticos del presidente Uribe, de Juan Manuel Santos y los apoyados por El Colombiano; llegaran a elaborar una Ley que cambie la dinámica penal para los militares, es posible que por el principio de favorabilidad ésta terminara favoreciendo al Coronel con una rebaja de pena u otro tipo de prebendas. Así, algo que no es descabellado, como el apoyo de estos partidos al fortalecimiento del fuero militar, constituiría un hecho muy descabellado: que los mismos colombianos que eligieron los partidos y defienden la democracia y la justicia, y deploran la impunidad terminen sacando al Coronel Plazas de su laberinto.
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